Miguel Henrique Otero: “La OEA y el Cuarto Informe sobre Venezuela”

En base a una lectura del documento del organismo internacional, el presidente editor de El Nacional afirmó que el régimen planificó la represión para liquidar la protesta

Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, denunció la agudización de la violación de derechos humanos en Venezuela y elogió los esfuerzos de la comunidad internacional para recuperar la democracia del país.

En un artículo publicado en el diario español ABC, destacó la importancia del informe presentado por la Organización de Estados Americanos sobre la situación de Venezuela.

“En numerosos artículos he insistido en la importancia que la acción internacional tiene en la crisis venezolana. Luis Almagro, así como numerosos otros líderes internacionales, demuestran que el pueblo venezolano está acompañado, día a día, en esta lucha”, aseveró.

A partir de la lectura al informe, afirmó que la represión fue planificada y ejecutada con el propósito de matar y liquidar por la fuerza el derecho constitucional a la protesta.

“Estamos en un momento, donde la política, a menudo tentada por el populismo, incurre en el riesgo de olvidar cuestiones que son fundamentales: que en las protestas fueron asesinadas 130 personas; que hay centenares de presos políticos, algunos de ellos sometidos a torturas”.

A continuación el artículo de opinión:

Las casi 60 páginas que contiene el Cuarto Informe Sobre Venezuela emitido el pasado 25 de septiembre por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, constituyen un documento irrenunciable. No hay una afirmación que no esté sustentada en los hechos. Ni un dato que no provenga de fuentes confiables como la del Foro Penal Venezolano. Tal como se dice hacia el final del mismo, el primero de sus objetivos es cumplir con el deber de defender los derechos humanos y políticos del pueblo venezolano.

En lo que sigue no me propongo resumir lo que, por sí mismo, es una síntesis irrepetible y dolorosa de la situación venezolana. Se trata de la denuncia de la consolidación del régimen dictatorial en nuestro país, a partir de la referencia fundamental de la Carta Democrática Interamericana -CDI-.

En una de sus primeras secciones, Almagro recapitula los cinco factores contenidos en el artículo 3 que describen los elementos esenciales de la democracia representativa según la CDI. Cabe realizar este ejercicio: leer cada uno y preguntarse si el régimen de Maduro cumple con alguna de estas premisas.

Uno: Respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dos: Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tres: Celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto. Cuatro: Régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Cinco: Separación e independencia de los poderes públicos.

Pero todavía hay más. El artículo 4 de la misma CDI, cuando se refiere al ejercicio de la democracia, lista otras cinco categorías que merecen ser revisadas: Uno, transparencia de las actividades gubernamentales. Dos, probidad. Tres, Respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Cuatro, la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida. Y, cinco, el Respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad.

Quien contraste al régimen encabezado por Nicolás Maduro con las mencionadas diez categorías, no encontrará otra respuesta: se trata de una dictadura, construida a partir de la demolición paulatina de la democracia, y de la violación programática de los derechos humanos y las llamadas libertades fundamentales. El venezolano un “Estado represivo”, sin atenuantes. El informe describe sus procedimientos evidentes: mantiene secuestradas a personas por largos períodos de tiempo; no hace efectivas las boletas de excarcelación; procesa a civiles en la jurisdicción militar; asesina a personas indefensas durante las manifestaciones. El balance que presenta este Cuarto Informe Sobre Venezuela, al 25 de septiembre, es inequívoco: 130 venezolanos fueron asesinados durante las manifestaciones y 16 mil fueron heridos. A esa fecha, el número de presos políticos ascendía a 645, es decir, más presos políticos que los correspondientes a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

La lectura detallada no sólo se refiere a la autoría por parte de los cuerpos de seguridad del Estado de una parte de estas muertes, sino también a las causadas por la acción coordinada de civiles armados con esos mismos organismos de seguridad. Mi conclusión, y la de cualquier ciudadano que haya visto los videos y estuchado los testimonios recopilados, es que se planificaron y ejecutaron acciones con el propósito de matar y liquidar por la fuerza el derecho constitucional a la protesta.

Este cuarto informe, dada la gravedad de la cuestión, y porque se trata de crímenes que no prescriben, recuerda el atroz asunto de las torturas, que el Centro de Estudios Para América Latina -el relevante Instituto CASLA dirigido por Tamara Suju-, ha denunciado ante la Corte Penal Internacional, en La Haya. “Los 120 nuevos casos presentados el 15 de junio hacen referencia a personas torturadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y algunas policías regionales o municipales”.

Entre las cosas que no es posible omitir, y que resaltan entre las numerosas denuncias, está la cuestión del hambre: 54% de los niños venezolanos padece algún nivel de desnutrición. Esto significa que no consumen las calorías suficientes para aprender, jugar y vivir a plenitud. Esta es una de las consecuencias más aborrecibles, quizás la más aborrecible de las responsabilidades de la dictadura de Maduro, la de haber erosionado, en muchos casos de forma irreversible, las existencias, el futuro de millones de niños venezolanos.

No solo se somete a condiciones de hambre a la base de la población venezolana -Venezuela es hoy un país de niños con hambre-, sino que se ha instigado la erradicación del talento, resultado neto de una vida donde la muerte acecha en cada esquina: 2 millones de desplazados, entre ellos, cientos de miles de jóvenes talentosísimos, que han huido de su país, no solo para salvar sus vidas, sino para encontrar oportunidades económicas que les permitan una vida más digna y segura.

La lista de cuestiones que todavía no he mencionado daría tela para muchos otros artículos. Las violaciones al debido proceso; el uso de tribunales militares para asuntos civiles; la exacerbación de lo militar en la vida pública venezolana; la turbiedad operativa y en las decisiones del CNE; la liquidación de la separación de poderes y la acción de un TSJ dedicado, de forma abierta y descarada, a violar la Constitución y prestar su apoyo al régimen; la condición ilegal e ilegítima de la asamblea nacional constituyente (ANC), en todos sus aspectos: cómo fue convocada, cómo fue elegida -destruyendo el principio universal del sufragio universal-, cómo fue instalada y cómo opera.

En numerosos artículos he insistido en la importancia que la acción internacional tiene en la crisis venezolana. Luis Almagro, así como numerosos otros líderes internacionales, demuestran que el pueblo venezolano está acompañado, día a día, en esta lucha. Los candidatos a las gobernaciones, por ejemplo, así como las altas dirigencias de los partidos políticos democráticos, deberían leer este Cuarto Informe sobre Venezuela. Estamos en un momento, donde la política, a menudo tentada por el populismo, incurre en el riesgo de olvidar cuestiones que son fundamentales: que en las protestas fueron asesinadas 130 personas; que hay centenares de presos políticos, algunos de ellos sometidos a torturas; que no hay día en que los demócratas no debamos cumplir con la obligación de denunciar el carácter ilegítimo, ilegal y fraudulento de la ANC; que la tarea de restablecer el orden constitucional no puede dejarse atrás, y que la ANC debe desaparecer, que Luisa Ortega Díaz debe volver a su despacho a dirigir el organismo que le corresponde, que el TSJ debe estar ocupado por los integrantes que la Asamblea Nacional designó sobre la base de sus atribuciones.

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