Uno de los líderes gubernamentales más poderosos de Venezuela puede haber ordenado la muerte del senador floridano Marco Rubio, un ferviente crítico del gobierno de ese país sudamericano, según información de inteligencia obtenida por Estados Unidos el mes pasado.
Aunque las autoridades federales no estaban seguras en ese momento si la amenaza no verificada era real, se tomaron la situación con la suficiente seriedad como para ordenar que Rubio fuera protegido por un equipo de seguridad durante varias semanas tanto en Washington como Miami.
Detrás de la posible amenaza está Diosdado Cabello, el influyente ex jefe militar y legislador del partido de gobierno que ha tenido roces públicos con Rubio.
En una audiencia en el Senado el 19 de julio, el mismo día que fue observado por primera vez con más medidas de seguridad a su alrededor, Rubio repitió que Cabello —quien desde hace tiempo las autoridades federales estadounidenses sospechan que está involucrado en el narcotráfico— es “el Pablo Escobar de Venezuela”. Una semana más tarde, en Twitter, Cabello se refirió al senador como “Narco Rubio”.
La amenaza de muerte se describe en un memorando enviado a varias agencias policiales el mes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional. El Miami Herald tuvo acceso al memorando, dirigido a las agencias policiales, identificado como sensible pero no clasificado.
El memorando reveló una “orden para asesinar al senador Rubio”, aunque también advirtió que “hasta el momento no se ha obtenido información específica sobre un plan para asesinar al senador Rubio” y que Estados Unidos no había podido verificar la amenaza. El documento también menciona que Cabello ha criticado abiertamente a Rubio en medios de prensa venezolanos, una señal de que las autoridades federales conocen bien las fanfarronadas políticas que complican la situación.
Según el memorando, Cabello habría llegado tan lejos como contactar “a mexicanos no identificados” en relación con su plan de matar a Rubio.
La embajada venezolana en Washington declinó comentar sobre la situación el sábado. El Ministerio de Comunicaciones e Información de Venezuela dijo el domingo que no podía responder a preguntas de los medios hasta el lunes. Varios mensajes enviados a algunas delas direcciones de correo electrónico de Cabello no fueron contestados de inmediato.
Por su parte, a través de un portavoz, Rubio declinó hablar del asunto. El despacho de Rubio había enviado previamente las preguntas de reporteros sobre su seguridad a la Policía del Congreso, que el sábado no respondió y que en el pasado ha declinado comentar sobre estos asuntos.
La Policía del Congreso “es responsable de la seguridad de los legisladores”, dijo David Lapan, portavoz de Seguridad Nacional, en un comunicado. “Sería indebido que el Departamento de Seguridad Nacional comente sobre la seriedad de la amenaza”.
Los reporteros que cubren el Congreso notaron inicialmente hace un mes que Rubio estaba protegido por agentes. Cuando fue entrevistado la semana pasada por WFOR-CBS 4, aliado noticioso del Herald, su equipo de seguridad tenía al menos un agente de la Policía de Miami-Dade, que es una de las agencias policiales que se ha pedido proteja a Rubio.
Rubio, de 46 años, ha presionado por una respuesta robusta de Estados Unidos contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro antes y después de las disputadas elecciones del 30 de julio, que eligieron una Asamblea Constituyente con poderes sobre todas las demás entidades del gobierno, incluida la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Rubio ha advertido públicamente a Maduro que se cuide de personas en su círculo íntimo que pudieran tratar de traicionarlo.
La Casa Blanca avanzaba en crear una coalición regional para presionar a Maduro, hasta que el presidente Donald Trump dijo el viernes que una “opción militar” era posible en Venezuela, a pesar del poco apoyo a tal intervención en Estados Unidos, la propia Venezuela y América Latina.
“No nos extrañan las amenazas del imperio, en la voz de jefe Trump”, escribió Cabello el sábado en Twitter. “Ante las desquiciadas amenazas imperiales cada quien q asuma su trinchera, en lo personal la mía será junto al Pueblo defendiendo la Patria!”.
Durante años, las autoridades estadounidenses han investigado a Cabello y a otros altos funcionarios del gobierno venezolano por sospechas de narcotráfico, alegación que Cabello ha negado con fuerza. Hace unos meses, Estados Unidos acusó al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, de ser un capo del narcotráfico, y posteriormente reveló que tenía al menos $500 millones en fondos obtenidos ilícitamente acumulados en otros países.
Cabello, de 54 años, era un teniente del Ejército muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, junto a quien participó en un fallido golpe de Estado en 1992. Antiguo vicepresidente y presidente del Parlamento, Cabello es ahora uno de los delegados a la nueva y poderosa Asamblea Constituyente y sigue ejerciendo una amplia influencia sobre el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Estados Unidos cree que Cabello controla todas las fuerzas de seguridad venezolanas.
Pero Cabello no es uno de los 30 funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, a quien el gobierno de Trump impuso sanciones financieras recientemente por socavar la democracia, participar en actos de corrupción y reprimir la disidencia.