El nepotismo ha estado vinculado con decenas de escándalos en distintos países de Latinoamérica y Europa, especialmente en aquellas naciones con una solidez institucional que les permite canalizar estos hechos como evidentes casos de corrupción. Ese no parece ser el caso de Venezuela con la hija del contralor general de la República, Manuel Galindo, quien no solo ostenta un cargo público en el mismo organismo que dirige su padre, sino que tiene carta blanca para manejar millonarias sumas de dinero de la República sin control alguno.
Mayra Alejandra Galindo León, hija del contralor general de la República, es la actual presidenta de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (Sesarcon), un organismo creado en 2004 por Clodosbaldo Russián con el objetivo de “garantizar la cobertura de la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria para los funcionarios, obreros y jubilados de la Contraloría General de la República”, según se lee en su sitio web.
Pero el hecho se agrava aún más con la autorización, por medio de la Gaceta Oficial número 41.176 del pasado 20 de junio, de manejar “la adjudicación, declaratoria de desierta o contratación directa en todas las modalidades de selección de contratistas, así como el inicio, la suspensión o terminación del procedimiento de selección de contratistas”.
El documento oficial también autoriza a Mayra Alejandra Galindo León a “acordar erogaciones, aprobar gastos, firmar contratos o convenios, autorizar y adquirir compromisos financieros, efectuar pagos y movilizar fondos sin límites de cantidad, cuando la Gerencia de Administración o la Comisión de Contrataciones Públicas de esta Fundación lo someta para su consideración y aprobación”, lo cual viola el ordenamiento jurídico venezolano en materia de transparencia de gestión pública, valor consagrado en los artículos 145 y 146 de la carta magna.
Esta no es la primera vez que se relaciona a la familia del contralor de la República con algún hecho de corrupción. El 1 de julio de 2016, un reportaje de investigación publicado por la periodista Lisseth Boon en el portal web Runrunes, detalla cómo al menos 13 familiares directos de Manuel Galindo ostentan cargos dentro de la Contraloría General de la República.
Tras la difusión de esta investigación, la organización Transparencia Venezuela solicitó que se abriera una investigación por parte de la Asamblea Nacional, pero la dinámica nacional ha obligado al Parlamento a enfocarse en otros temas.
Este tipo de prácticas viola además los artículos 13 y 14 de la Ley contra la Corrupción, que establece que el nombramiento de funcionarios públicos no debe estar determinado por filiaciones políticas, algo que parece importarle poco al funcionario encargado de velar por el buen manejo del dinero público.
Gaceta Oficial número 41.176, donde se autoriza a la hija del contralor de la República, Mayra Galindo León, a efectuar pagos y movilizar fondos “sin límites de cantidad” desde el Sesarcon.
“Ningún funcionario a ese nivel puede contratar a su hija para un trabajo, aunque sea la persona con mayor competencia para el cargo”, advierte De Freitas, quien asegura que esta practica es causal para solicitar la remoción de su cargo dentro del Poder Moral.
Para el profesor de derecho en la Universidad Central de Venezuela, José Ignacio Hernández, el nepotismo es un hecho vinculado intrínsecamente con la corrupción, al representar un conflicto de intereses para quien ostenta el cargo máximo.
“Por eso fuimos luego a la Asamblea Nacional, porque a ella, como responsable en la asignación de funcionarios públicos, le compete. Y no es algo que requiera de mayor investigación, porque estamos hablando de un hecho público y comunicacional, por lo que la AN debería iniciar su proceso de destitución”, agrega De Freitas.
El Ministerio Público, en manos de Luisa Ortega Díaz, es el otro organismo que podría iniciar averiguaciones en contra de Manuel Galindo por corrupción, pero las acciones hasta el momento han estado destinadas a frenar la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente.
Mientras tanto, al contralor general de la República, Manuel Galindo, parece importarle poco la violación las leyes de la República en materia de corrupción, especialmente en los apartados que se refieren a los conflictos de intereses.
Galindo viola no solo la constitución de la República y la Ley contra la Corrupción, sino el propio Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República, que en su artículo 9, numeral 6, establece que para ingresar a la Contraloría General de la República no se puede “tener conflicto de intereses con la Contraloría”.
Para el profesor José Ignacio Hernández, el contralor violentó además el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual establece que Manuel Galindo estuvo obligado a inhibirse “cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés en el procedimiento”.
Mientras tanto, la hija del contralor de la República continúa al frente de Sesarcon, con la ahora autorización de seleccionar contratistas y manejar fondos públicos en una institución que dirige su padre. “Esa gaceta es una cachetada a los venezolanos. Es una aberración”, concluye Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.
Con información de EP Mundo